La parte oscura de las Autonomías. Los ENTES en la Administración paralela.

 No soy de poner textos largos, nuestra edad, el trabajo, el poder cognitivo y el cansancio hacen mella en nosotros. Cuando hablábamos de ENTES, de puestos laborales a dedo, de democracia, de Autonomías, de política, también hablamos de esto. Es evidente que, le agrade o no al sistema, hace que la desidia, la desilusión y la desesperanza nos anuden e impidan caminar hacia las urnas. 

Descanso de la diputada Villugera, de E.R., en el Congreso, el pasado 17 de julio.

Por Francisco Núñez

-Economía

La UCO ha confirmado en un atestado la denuncia de un sindicato de funcionarios sobre el enchufe de 85 allegados a cargos del PSOE (también de UGT) en la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). Entre ellos, se encuentra la mujer de Juan Espadas, ex secretario general del PSOE en Andalucía, actual portavoz socialista en el Senado y miembro de la Ejecutiva Federal. Este organismo público, creado en 2003 para combatir el paro y mejorar la formación de los trabajadores, acabó convirtiéndose en una agencia de colocación de afines al partido. Fue disuelto en 2011, también por el PSOE, pero sus 1.664 asalariados fueron integrados en otro ente público (el Servicio Andaluz de Empleo), dónde la mayoría ha consolidado su puesto, gracias a un proceso de estabilización que se ha completado hace unos meses.

Se trata de un ejemplo más de la contratación irregular que se puede realizar aún en los 1.772 entes instrumentales, en la denominada Administración ‘paralela’ o ‘fantasma’, de que disponen todavía las comunidades autónomas y también el resto de Administraciones. El Estado cuenta con 450 entes (más otros 43 sin adscribir aún), mientras que los ayuntamientos y diputaciones suman casi 4.200. Es decir, las Administraciones Públicas españolas disponen de casi 6.500 entes dónde los partidos pueden colocar a su legión de enchufados. Estos organismos, independientes de las administraciones generales, se han convertido, sobre todo en los años más duros de la economía y de cambios políticos, en un portillo de entrada de allegados, familiares, afectos y compromisos de los dirigentes políticos tanto de los que llegan al poder como de los que se tienen que ir consolidando antes su puesto.

Se trata de organismos públicos instrumentales que se crearon para tener una mayor eficiencia operativa en la prestación de servicios, por no tener que acogerse a los requerimientos y a la lentitud del cumplimiento de la normativa administrativa del sector público, tanto en las adjudicaciones, adquisiciones, compra de bienes y servicios así como sobre todo en la contratación de personal. Es decir, estos entes no están sometidos al control y a la transparencia que debería exigirse vulnerándose en muchos casos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en toda actividad pública. De ahí, que aparezcan casos de nepotismo en todas las Administraciones, como, por ejemplo, en la contratación de las amistades de Ábalos por entes estatales.

Realmente, no existe una justificación económica de su creación en muchos de ellos y sobre todo de su mantenimiento. Por ejemplo, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido que estuvo contratado durante año y medio en dos entes sin actividad de la Comunidad de Madrid (la Agencia de Protección de Datos y la Fundación Mecenazgo y el Patrocinio). La Intervención General del Estado lleva 17 años intentando poner un cierto orden, pero el proceso se ha estancado y la mayor parte de la reducción conseguida (en 2010 se llegó a más de 2.500) es como consecuencia de la integración, fusión o absorción en otros organismos públicos.

La maraña de entes de las autonomías

Según el inventario del Ministerio de Hacienda, las autonomías suman 539 fundaciones, 428 sociedades mercantiles, 319 consorcios, 166 entes públicos; casi 160 organismos administrativos, comerciales y autónomos; medio centenar de de entidades públicas empresariales; así como 40 universidades, 33 ‘otras’ instituciones sin ánimo de lucro y 16 agencias. Se trata de una auténtica maraña de entidades calificadas de derecho público o con personalidad jurídica. Incluso, disponen de presupuesto propio en algunos casos, no tienen fin de lucro y se supone que se han creado para fines de interés general. Pero, en su mayoría, se han convertido en el servicio de recolocación de los partidos políticos.

Cataluña se lleva la palma. Es la región con más entes instrumentales. Dispone de 364 frente a los 325 (12%) de que disponía, por ejemplo, en 2008 en el inicio de la gran crisis económica. Esa cifra supone que uno de cada cinco organismos del conjunto autonómico se encuentra en esta comunidad y es la única en que ha crecido su número entre estos años. Lidera todas las opciones. Tiene censados a 112 consocios y 98 fundaciones (las organizaciones más oscurantistas) que representan el 60% de sus entes. Además, dispone de 64 sociedades mercantiles, 55 entes públicos así como 25 organismos administrativos, comerciales y autónomos.

Andalucía, la región con mayor número de habitantes y tercer PIB regional, tiene ahora 181, casi la mitad de los que están adscritos a Cataluña frente a los 271 de que disponía en 2008 y, por ejemplo, los 376 en 2011. El País Vasco, la quinta economía regional, cuenta con 154 entes, casi la mitad son sociedades mercantiles. La Comunidad Valenciana, la cuarta economía autonómica, dispone de 135 organismos en su Administración ‘paralela’ (la mitad son fundaciones y consorcios); y, por ejemplo, Madrid, la primera economía nacional y la tercera en número de habitantes, ocupa el quinto lugar en este ranking con 123 entes (el 60% son fundaciones y consorcios). Sorprende además que Aragón tenga casi un centenar de organismos, y que Baleares y Canarias dispongan cada una de 74. 

La casuística de estos entes es de lo más variado e inverosímil en muchos casos. Por ejemplo, casi todas las autonomías disponen de alguna fundación u organismo similar dedicado a  la formación y el empleo, como en investigado en Andalucía, así como el correspondiente SEPE regional que sólo sirve para tomar nota de los parados que demandan empleo. Además, todas ellas tienen un emporio montado de sociedades y organismos para su despliegue audiovisual de televisiones y radios, entre otros. 

La 'letra pequeña' de la lista

La lista es larga con mucha letra pequeña. Cataluña es la estrella. Por ejemplo, cuenta con una Autoridad de la Competencia;  el Centro de Estudios de Opinión; el Centro de Estudios Jurídicos; el Instituto  de la Letras Catalanas; el Instituto de Finanzas así como el del Sol; el Memorial Democratic; el Consorcio de Alta velocidad; la Agencia de Migraciones; el Consorcio para la Normalización Lingüística o el de Terminología Catalan así como el del Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro o Centro de Investigación de la Economía Internacional. Hay que añadir también, entre otros, el Centro de Estudios Democráticos; el Instituto de Estudios Espaciales; la Fundación Barcelona Olímpica; la Promotora de Exportaciones Catalanas; Loterías de Cataluña, o, por ejemplo, la empresa Comercial La Forja, dedicada a la fabricación y comercialización de productos siderometalúrgicos. 

En Andalucía llama la atención la Fundación Olímpica; la Orquesta Sinfónica de Sevilla o la Agencia del Conocimiento. El País Vasco cuenta con el Instituto Vasco de Administraciones Públicas o el de Finanzas; la Agencia de Ciberseguridad y la de Internacionalización así como diversas sociedades para exportar a Estados Unidos, Singapur o Brasil. Por su parte, la Comunidad Valenciana dispone de la Academia de la Lengua; la Agencia del Cambio Climático; el Consorcio Valencia 2007; la Agencia de Seguridad Ferroviaria así como el Consorcio Espacial y el de Alicante Vuelta al Mundo a Vela. Mientras, Madrid cuenta con la Agencia para la Tutela de Adultos; la Fundación Madrid por la Excelencia (emite certificaciones) y mantiene una veintena larga de consorcios urbanísticos.  

También llama la atención entes en Aragón como la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria o Aragón exterior; en Canarias, la Fundación de la Lengua o los Hoteles Escuelas S.A.; en Cantabria, el Balneario y Agua de Solares o la Oficina de Proyectos Europeos; en Castilla y León, el Club Deportivo Universidad de Salamanca o la Escuela de la Lengua Española; en Castilla La Mancha, el Instituto de Promoción Exterior o la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca; en Extremadura, la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Fundación Centro de Documentación e Información Europea; en Galicia, la Escuela de Administración Pública o las fundaciones USC Deportiva y Dieta Atlántica; en Murcia, el Consorcio Año Jubilar 2010 o las fundaciones Cante de las Minas y Orquesta Sinfónica; en Baleares, el Consorcio Escuela de Hostelería o las fundaciones para el Deporte y de la Cátedra Iberoamericana;  en Asturias, la Fundación Observatorio Económico del Deporte o el Centro de Bellas Artes; en La Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos o las fundaciones para la Transformación o la Cooperación Internacional; y en Navarra, el Centro de Aprendizaje de Idiomas o el Europeo de Empresas.

Es evidente que, además de la Intervención General del Estado, la UCO debería tener también manga ancha para actuar en este sector público instrumental de las CCAA.