Esta es una de ellas:
Que mientras se revocan cinco mil (5.000) contratos, o sea, se eliminan, se contrate a un político (con una mancha de dudosa gestión y una frase lapidaria) a cargos de dirección. (*) (**)
(*) Hacer memoria de quien es este consejero. Fuel el máximo responsable del partido PNV cuando el colapso del vertedero de Zaldivar, ( 6 de febrero 2020) donde murieron sepultados dos trabajadores y uno de ellos todavía no ha sido encontrado.
El vertedero sí contaba con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida por el Gobierno Vasco (la inicial data de 2007, y fue renovada en 2013), lo que significa que legalmente estaba autorizado a operar y a recibir ciertos tipos de residuos no peligrosos e industriales.
Sin embargo, las investigaciones posteriores al derrumbe revelaron serias irregularidades e incumplimientos que ponen en cuestión si la operación se ajustaba a los términos de esa legalidad:
1. Incumplimientos y Fraude en la Gestión
Residuos no autorizados: Se ha denunciado (y ha sido parte de la investigación judicial) que el vertedero depositó toneladas de residuos no autorizados por su licencia, incluyendo sustancias como el amianto (un residuo peligroso) y otros materiales cuya recepción requería una autorización expresa previa del Departamento de Medio Ambiente.
Homicidio Imprudente: Los responsables de la empresa llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para aceptar una pena de 6 meses de prisión por un delito de homicidio imprudente por la muerte de los dos trabajadores. Este acuerdo supuso el reconocimiento de que la muerte se debió a una gestión deficiente y arriesgada.
Delito Medioambiental: Adicionalmente, se abrió una causa judicial por delito medioambiental contra los responsables de la empresa.
2. Falta de Control Administrativo
Falta de control público: Diversas plataformas y la oposición política denunciaron la insuficiente inspección y falta de control por parte del Gobierno Vasco, que presuntamente no actuó con la contundencia necesaria a pesar de haber tenido conocimiento de irregularidades y de la situación de riesgo del vertedero en años anteriores al colapso (algunas fuentes hablan de un riesgo grave desde 2016).
Conclusión
El vertedero era legalmente una instalación autorizada por el Gobierno Vasco, pero operaba bajo un manto de graves ilegalidades o incumplimientos de las condiciones de sus permisos (depósito de residuos no permitidos, sobreexplotación, falta de seguridad), lo que condujo al colapso y al desastre. El proceso judicial posterior a la tragedia se centró precisamente en dirimir las responsabilidades de la empresa gestora por operar de manera ilegal y las posibles responsabilidades políticas o administrativas por la falta de control.
(**) “Luego querrán que seamos españoles… ni por el forro”.
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