Las bajas laborales. Otro punto de vista

Al hilo de la entrada pasada, esta tiene otro análisis que es interesante de reflexionar. Lo redacta Javier Jorrin.

Por mi parte, recuerdo unas palabras de Margaret Thatcher, la primera ministra inglesa, que decía que a ella le interesaba entre un 9 y un 11% de paro, porque era asumible por el sistema y creaba intranquilidad entre los trabajadores, evitando así que hicieran huelga o  absentismo laboral.

                                     

En el último año, España ha tenido, de forma permanente, un total de 921.000 trabajadores de baja por incapacidad temporal. Es el dato más alto de la serie histórica. De cada 100 trabajadores, algo más de cuatro estaban de baja, según los datos de la EPA. El aumento de las bajas médicas se ha convertido en un foco de preocupación para el Gobierno. Primero, por las dudas que provoca sobre el estado de salud de los españoles, pero lo más importante es el gran coste que implica para la Seguridad Social.

Desde enero hasta agosto, la Seguridad Social ha gastado 10.400 millones de euros en bajas de incapacidad temporal. Un gasto que se ha disparado en los últimos años. Si se compara con los mismos meses de 2023, la subida es del 18% y si se compara con los registros previos a la pandemia, el coste se ha disparado un 76%.

 El Ministerio de la Seguridad Social ha trasladado a los agentes sociales su preocupación por este ritmo de crecimiento de las bajas laborales, explican fuentes del diálogo social. El Ministerio quiere canalizar esta reivindicación de las empresas, que llevan meses alertando de que el absentismo es uno de sus principales problemas en la gestión de los recursos humanos. Pero también responde a una preocupación genuina del Ministerio por el crecimiento de las bajas, indican estas mismas fuentes.

 La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, anunció esta semana la creación de una mesa de negociación con los agentes sociales para estudiar la reforma de la incapacidad temporal. El objetivo de esta mesa, según el propio Ministerio, es realizar "un seguimiento de la evolución de los procesos y sus prestaciones, cuya evolución supone una preocupación compartida por todos".

Lo que desconocen todavía los agentes sociales es cuál será la aproximación que hará el Ministerio para dar la vuelta a la tendencia actual. La patronal ya intentó introducir el problema del absentismo en la mesa de negociación de la reducción de jornada laboral. Para la CEOE, cualquier recorte del tiempo de trabajo tendría que venir acompañado de un control más estricto de las ausencias de los trabajadores de sus puestos de trabajo para evitar el fraude.

 

La semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó públicamente el malestar de las empresas con el tiempo de trabajo que se pierde cada trimestre. "El gran problema de horas en España es el del absentismo, que se ha disparado", lamentó en el Foro Conversa Vega Baja, celebrado en Orihuela.

En este aspecto, todas las partes son muy prudentes para no acusar a los trabajadores ni a los médicos de abusar de las bajas. Sin embargo, es un ciclo habitual. Cuando la situación económica es buena y los trabajadores no tienen miedo a perder su empleo, el número de procesos de incapacidad temporal aumenta. Por el contrario, en las crisis los trabajadores evitan cogerse bajas por miedo a quedarse en el paro. Encontrar el equilibrio entre la protección a quienes están verdaderamente incapacitados y evitar el abuso de las bajas médicas es el gran reto que tienen por delante el Ministerio y la patronal.

Para los sindicatos, sin embargo, el absentismo no existe y es un problema derivado del envejecimiento de los trabajadores y del colapso de la atención sanitaria. Esto provoca que las bajas sean más frecuentes y más largas, por lo que ponen el foco en la prevención de los riesgos para la salud y la mejora de la atención sanitaria. Dos aspectos que estarán sobre la mesa en la próxima negociación para reformar la incapacidad temporal.

El anuncio de la ministra Saiz de la creación de una incapacidad temporal flexible está enmarcado en esta mesa de negociación sobre las bajas médicas. Sin embargo, en este caso, la intención del Gobierno no es tanto lograr un ahorro para la Seguridad Social, como canalizar una reclamación histórica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Esta Asociación ya ha trasladado a los sindicatos y las patronales su petición de permitir una vuelta parcial al puesto de trabajo de aquellos pacientes que sufran cáncer. Por ejemplo, en los casos en los que se encuentran en la recta final de su recuperación, pero que todavía no tienen las fuerzas suficientes para volver a jornada completa.

 

El objetivo es que, aquellos que necesiten volver a trabajar por su salud mental, puedan hacerlo sin que la ley se lo impida. Sin embargo, se trata de un terreno pantanoso, porque la relación entre empleador y trabajador no está equilibrada. Las empresas podrían utilizar este sistema de las bajas parciales para presionar a sus trabajadores a que adelanten su reincorporación.

 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha despachado esta propuesta de la ministra de la Seguridad Social: "No vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida". La posición de la vicepresidenta es que las bajas médicas son un derecho de los trabajadores por el cual cotizan, de modo que no se les puede negar su utilización.

 

Todo apunta a que va a ser una mesa de negociación delicada para el Gobierno y plagada de minas. Pero el fuerte crecimiento del gasto en incapacidad temporal supone una presión adicional para las ya lastradas cuentas de la Seguridad Social. El año 2025 es clave para este ministerio, ya que se realizará la primera actualización de las previsiones de gasto a medio plazo incorporada en la última reforma de pensiones.

 

La ley contempla que, en caso de producirse una desviación significativa en las previsiones de déficit, el Gobierno estará obligado a introducir medidas de ajuste en el sistema, ya sea por la vía de los ingresos o de los gastos. Todo apunta a que los resultados del estudio obligarán a activar ajustes, por lo que el Gobierno tendrá que buscar vías para aliviar el gasto de la Seguridad Social. O, al menos, para frenar su crecimiento.