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Vaya por delante que no soy economista, y no me gusta lo que leo. Muchas familias se sostienen por las pensiones de sus mayores, y tal como discierno en el escrito, el final no es esplendoroso; temo que las pensiones serán insostenible en un futuro muy próximo si no nos ponemos de acuerdo. Intuyo, pese mi ignorancia, que hace falta otro gran Pacto de Toledo.

Por Beatriz Triguero y Mercedes Serraller. Página de Economía.

La sostenibilidad de la reforma de las pensiones, que se inició en 2021 con una primera parte y se completó en marzo de 2023, debe ser evaluada por la Comisión Europea por tratarse de uno de los requisitos principales para recibir el cuarto pago de fondos europeos, por 10.000 millones de euros. El Gobierno da por hecho el aval de la Comisión desde hace meses, pero el informe de los técnicos del Ejecutivo comunitario que se ha publicado este viernes -que arroja hasta 5 puntos más de gasto y el doble de déficit que antes de la reforma- complica esta decisión.

No parece que este suspenso técnico comprometa un aval más político de Bruselas acordado hace más de año, pero sí que puede poner en aprietos a la Comisión Europea, que puede enfrentarse a críticas a la hora de defenderlo ante el Consejo de la UE. El informe deja en evidencia la ausencia de fundamento técnico del pacto entre los Ejecutivos español y comunitario, que pueden escudarse en que la reforma introdujo una cláusula de escape.

En marzo de 2023 el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaba un acuerdo con Bruselas sobre la reforma, dándola por cumplida ante sus ojos. Tras una primera parte en la que garantizó el poder adquisitivo de las pensiones al revalorizarlas con el IPC, debió llevar a cabo la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y la adecuación de la base máxima de cotización.

Bruselas también ha exigido "proyecciones actualizadas que muestren que las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo". En caso de que la Comisión Europea dé por buena la reforma y apruebe el desembolso íntegro de los 10.000 millones de fondos europeos, será tras haber publicado un informe propio que eleva la previsión del gasto en pensiones al 17,3% del PIB en 2070 tras la reforma, que prevé un déficit del 3,1% en 2053 y que asume la necesidad de activar el mecanismo automático de ajuste por más de 11.000 millones de euros.

La presión de la generación baby boom, aquellos nacidos entre 1958 y 1977, empieza a notarse y ya se jubilan cada año alrededor de 150.000 personas. En total hay siete millones de jubilados y se espera que alcancen los 15 millones al final del periodo. Esta es la situación que tendría que hacer sostenible la reforma de las pensiones con medidas de ingresos que compensen el fuerte incremento del gasto esperable.

El Real Decreto-ley 2/2023 sitúa en el 15% del PIB (13,3% si se restan las medidas de ingresos) el umbral de gasto por encima del cual se activaría el mecanismo corrector en forma de más subidas de cotizaciones sociales (u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o reducir el gasto en pensiones), lo que evaluará la AIReF. El hecho de que este mecanismo se haya legislado en la reforma, tal y como exigió Bruselas, podría ser la justificación de la Comisión para avalarla, aunque implique que el resto de medidas no garantizan la sostenibilidad del sistema.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes en Washington, preguntado por este suspenso de la Comisión, que "no suspende". A su juicio, el análisis está "en línea con las previsiones del Gobierno", "apenas hay una décima de diferencia", ha dicho, aunque ha reconocido que la reforma lleva una "cláusula" de escape que "garantiza la estabilidad". Respecto a esta salvaguarda, ha pedido "prudencia": "En 2025 veremos la evaluación de la AIReF", ha dicho, y se ha mostrado confiado en el efecto compensatorio de los ingresos y las subidas de cotizaciones.

El aprobado a la reforma y al cuarto desembolso debería haberse producido ya, pero el Gobierno se retrasó con otro de los compromisos asociados: la reforma del subsidio por desempleo. Con medio año de retraso y en un error de cálculo, pues el Gobierno de coalición no contaba con el castigo que Podemos impondría a Yolanda Díaz tumbando la reforma en el Congreso, el Ejecutivo solicitó el cuarto pago y el reloj empezó a correr.

Bruselas debía evaluar todas las reformas e inversiones asociadas al cuarto pago el 20 de marzo, pero la sorpresa de Podemos y la paralización posterior obligó a pactar con Bruselas un aplazamiento de dos meses en la evaluación, hasta el 20 de mayo. Es decir, que la evaluación de la Comisión a la reforma de pensiones llegará justo un mes después de este informe técnico del propio Ejecutivo comunitario, nada favorable para el Gobierno ni tampoco para el ala política de la Comisión, que tiene intención de dar por buena la reforma.

Además, el Gobierno se enfrenta al escollo de sacar adelante la citada reforma del subsidio por desempleo. Si vencido el plazo hay algún hito sin cumplir, la Comisión Europea emitiría una comunicación formal en la que adoptaría el despliegue ordenado del pago por 60 hitos y comunicaría la suspensión temporal del pago por el hito no satisfecho. Es decir, no recibiría los 10.000 millones sino un pago parcial, algo que el Gobierno ha querido evitar por todos los medios.

Entonces, el Gobierno tendría seis meses para cumplirlo y si en ese plazo no da prueba del cumplimiento, la Comisión se pondría en contacto de nuevo con el Gobierno y le daría un mes adicional para demostrar que sí lo ha hecho. Finalmente, si eso no pasa, valoraría ya la suspensión definitiva del pago, que rondaría los 900 millones en el caso de la mencionada reforma.